
El conocido como “impuesto al sol”, obliga a las instalaciones de autoconsumo de más de 10 kilowatios de potencia a pagar un cargo sobre la electricidad que produzca y se consuma en el momento.
El pasado día 28 de noviembre, se comenzó a marcar en el Europarlamento el camino para la desaparición de este gravamen, que solo se aplica aquí, en España.
La Directiva de Energías Renovables presentó una propuesta a la Comisión de Energía del Europarlamento. Esa propuesta que refuerza el autoconsumo como un derecho, explicaba el ponente José Blanco del Grupo Socialista, “no podrá someterse a impuestos de ningún tipo siempre que la electricidad generada permanezca fuera de la red”.
La propuesta, que contó con el beneplácito de la Comisión de Energía del Europarlamento (43 síes y 14 noes), todavía debe de ser ratificada por el Consejo Europeo, e incluye entre otros puntos elevar el Objetivo Renovable de la UE para 2.030, o sea, el porcentaje de la energía comunitaria que deberá provenir de fuentes renovables, desde el 27% pactado anteriormente, al nuevo del 35% que se solicita.
La mayor organización civil española relacionada con el autoconsumo, Alianza por el Autoconsumo, integrada por unas cuarenta asociaciones de consumidores, ecologistas, empresarios, sindicatos y cooperativas, difundió el día siguiente un comunicado en el que «se valoraba positivamente» que la Comisión de Energía del Parlamento Europeo hubiera votado a favor de liberar la electricidad autoconsumida de cualquier gravamen extraordinario.
El problema de los objetivos comunitarios, en este caso el considerar que se debe de pasar del 27% al 35% de producción y consumo de energías renovables en 2.030 es que, la Unión Europea no puede establecer un reparto vinculante de la contribución de cada estado miembro al objetivo comunitario.
Es muy difícil para la Alianza, responsabilizar a los Gobiernos por no contribuir de forma suficiente si los propios gobiernos no se marcan objetivos nacionales vinculantes, acordes al objetivo común.
El Europarlamento reconoce que la ciudadanía europea “debe tener derecho a producir, consumir y vender energía renovable, pero subestima el potencial de generación de las energías renovables». La Alianza por el Autoconsumo considera que para cumplir con los objetivos de París, “la participación total renovable para el 2.030, debería de ser superior al 45%, con objetivos nacionales vinculantes”. ¡La ambición de los ciudadanos es fundamental, pero sin la colaboración de los gobiernos, no se podrá alcanzar todo el potencial de las energías renovables!
Greenpeace, que forma parte de la Alianza, describe que un “informe de CE Delft” muestra que, bien organizada el tema de la generación a partir de renovables y con el apoyo adecuado, la mitad de todos los ciudadanos de la UE y una de cada tres personas en España podría producir su propia electricidad para 2050, con lo que se compensaría la mitad de la demanda de electricidad de la UE y de España respectivamente; las compañías del sector aportarían el resto de la electricidad renovable necesaria en la UE para alcanzar un sistema 100% renovable.
Además de esta votación sobre la revisión de la directiva de energías renovables, se espera que la Comisión de Energía del Parlamento vote sobre la reforma de las normas del mercado eléctrico en febrero de 2018. Más tarde, el Parlamento Europeo votará en pleno sobre ambos expedientes.
Hasta entonces, los ministros de Energía de todos los países de UE se reunirán el próximo día 18 de diciembre en Bruselas, para llegar a un acuerdo prologal sobre las reformas solicitadas en la propuesta, y otras previstas, a fin de preparar las negociaciones con el Parlamento y la Comisión Europeas, que se llevarán a cabo en la primavera y verano del 2.018. De estas negociaciones a tres bandas entre Parlamento, Consejo y Comisión europeos, saldrá la nueva política energética europea para el año 2.030.
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