Bruselas acuerda objetivos más ambiciosos, de consumo de energías renovables para los próximos años.
Junto con Polonia, España lidera las posturas más conservadoras en cuanto se refiere a la producción y consumo de energías renovables.
Según informa El País, las posiciones españolas están entre las más conservadoras de la Unión Europea, y aunque está abierta a revisar al alza los nuevos objetivos del 30% para 2030, se resiste a que Bruselas acuerde objetivos de consumo de energías renovables tan ambiciosos.
Hay que tener en cuenta que este nuevo objetivo supone un aumento del 11% sobre el pactado anteriormente del 27%, y es por ello que España rechaza que la nueva Directiva de eficiencia energética recoja de forma prescriptiva de qué modo deben de combatir la pobreza energética los países de la Unión Europea.
Las fuentes consultadas por El País aseguran que, en la mesa de negociaciones, España junto con Polonia, encabezan las posiciones más conservadoras. El Europarlamento pretende elevar los objetivos al 35% `para 2030, cifra con la que están de acuerdo varios países, mientras que la Comisión Europea, más realista, lo cifra en un 30%. España más cercana a la opinión de dejar el objetivo en el 27%, aun abierta a revisarlo hasta el 30%, defiende, contra el criterio de Bruselas, que este objetivo no sea obligatorio.
Por la evolución de los costes y los bajos niveles de interconexiones, España se apoya en el informe del grupo de expertos para la transición energética, quienes han determinado que un objetivo por encima del 30% no sería ni creíble ni viable, y el Gobierno trata de irresponsables los comportamientos de algunos Estados miembros, por considerar estos objetivos tan a la ligera.
En el año 2015, el porcentaje del consumo de renovables estaba en el 16,7% de media de la Unión Europea, mientras que España se quedaba en el 16,2%, y algunas naciones como Suecia superaban el 50%.
En 2016, España ya supero la media europea con un porcentaje del 17,3%. Y es por ello, que el Gobierno confía en alcanzar sin problemas el objetivo del 20% para el año 2020, para lo que también se apoya en la puesta en marcha de 8.000 MW nuevos.
Por otra parte, Bruselas también ha sacado una normativa que regula el derecho ciudadano a producir y vender su propia energía, a la que España ha puesto trabas en línea con las medidas nacionales destinadas a desincentivar el autoconsumo. En 2015, el Ejecutivo español aprobó el llamado “impuesto al sol”, que posteriormente revalidó el Supremo, legislación que Bruselas trata de rebajar.
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